A 10 años de la tragedia en Fundación, Magdalena, que le costó la vida a 33 niños y una adulta, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no acepta su responsabilidad en lo sucedido, pero confirmó que cumplirá con el fallo del Consejo de Estado que la obliga al pago de la millonaria indemnización a las familias de las 34 víctimas.

El alto tribunal decidió que la iglesia debe indemnizar con $18.616 mil millones a las familias de las víctimas. La Alcaldía de Fundación y el Instituto de Tránsito deben pagar cada uno $2.327 millones. 

El hecho tuvo lugar el 18 de mayo de 2014, cuando el bus fue contratado para transportar a 62 personas, de las cuales la mayoría eran niños que iban a participar en la Escuela Dominical de la iglesia, que tenía como fin educar en la fe cristiana.

Un fallo en el automotor causó que el conductor Jaime Gutiérrez Ospina intentara encender el vehículo con gasolina, pero, según contó, al intentar conectar dos cables se le regó el líquido inflamable y, con las chispas que se habían generado, se presentó la explosión. 15 personas más resultaron heridas.

Gutiérrez Ospina y Manuel Salvador Ibarra, el feligrés que supuestamente contrató el bus, fueron condenados a 10 años y 11 meses de prisión por el delito homicidio simple con dolo en concurso homogéneo y enviados a la cárcel Modelo, de Barranquilla.

En 2017 los condenados fueron dejados en libertad por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que anuló la sentencia porque se había calificado de manera incorrecta el delito. Ambos pidieron excusas por lo sucedido e Ibarra falleció en 2021.

“Somos víctimas” 

Para el abogado de la iglesia, William Saavedra, el fallo en contra de la iglesia fue una "sorpresa".

"Por una interpretación indebida en la representación del hermano Manuel Ibarra, quien fue el feligrés que llevaba a cargo estos niños en el juez, considera el Consejo de Estado que la iglesia es responsable. En ese contexto hay un principio de confianza legítima y es que todo ciudadano cuando hace uso de un transporte público considera que ese carro está habilitado para funcionar", explicó el abogado en Noticias Caracol.

Apuntó también que "esta buseta se parqueaba cerca del Instituto de Tránsito de Fundación y si se parqueaba ofertando sus servicios, cualquier ciudadano de cualquier credo, corría con la misma suerte y por eso la iglesia tiene responsabilidad patrimonial".

Saavedra señaló que la iglesia "tomó la decisión de pagar", pero recalcó que "no nos consideramos responsables, nosotros somos víctimas de esta tragedia".

También recordó que la iglesia ha acompañado a las familias de las víctimas y que este fallo del Consejo de Estado es "histórico", porque "responsabiliza a una iglesia por el actuar de un feligrés de manera particular". 

Para el abogado la contratación del bus fue decisión de Manuel Ibarra y fue costeada por su bolsillo: "El traslado no era responsabilidad de la iglesia".